Una comisión integrada por Regidores y Técnicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, conjuntamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional, realizaron una inspección a las canteras de Huayabamba con la finalidad de verificar in situ la explotación indiscriminada e ilegal del material agregado existentes en este lugar, incumpliendo la Ordenanza Nº 011 que aprueba el Régimen de Extracción de Materiales de Construcción en los Álveos, Causes de los Ríos, Canteras de la Jurisdicción del distrito de Juanjuí, según la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 en el Artículo 69º.
Dicha Ley indica también que corresponde a las municipalidades conceder, no solo el permiso, si no establecer el valor del derecho de extracción, recursos que son asumidos como directamente recaudados, distinguiéndolos de los ingresos tributarios. Por tanto queda establecido que a partir de la vigencia de Ley 27972 y la ley 28221, los derechos que deben abonarse por la extracción de materiales de construcción ubicados en los álveos, y causes de los ríos, así como en las canteras localizadas en la jurisdicción de Juanjuí sin excepción, constituyen rentas para la Municipalidad Provincial.
Da a conocer también la Ordenanza, que es de aplicación a toda persona natural o jurídica. Pública o privada, con las únicas excepciones establecidas mediante ley expresa. Indica además que la Municipalidad es la única autoridad facultada para otorgar las autorizaciones para la extracción del material de su jurisdicción territorial vale decir, de todo el distrito capital, para el otorgamiento de la autorización, los solicitantes deben de presentar los requisitos solicitados con la respectiva documentación y los derechos de pago y planos adjuntos debidamente firmados por un ingeniero o arquitecto colegiado.
Como se podrá observar en ninguna parte de la ley indica que el caserío, las autoridades del caserío o los pobladores del caserío son los propietarios del material, como se desprendió una información en el sentido de que las autoridades de Huayabamba pretenden tomar como suyo las canteras de ese lugar, de allí que es de suma importancia y urgencia una reunión, en la que se aclare esta situación y los extractores ilegales no continúen aprovechándose de este desconocimiento para continuar extrayendo el material.
Se tiene también conocimiento, que la municipalidad hará cumplir la ley, debido a que todos los extractores están infringiendo la ley, declarando una cierta cantidad de extracción y en la realidad la explotación supera tremendamente la cantidad requerida, esto se debe también a la falta de control por parte de la municipalidad, es por ello que se estaría implementando la garita de control en la carretera Fernando Belaunde, altura del Aserradero Victoria para terminar con estas irregularidades.
Esta situación, afecta directamente el ingreso a las arcas de la municipalidad, y se benefician los extractores del material, obteniendo pingues ganancias. En cuanto al plazo de vigencia, las extracciones de autorización mediante Resolución de Alcaldía que expide la Municipalidad de acuerdo a la Ordenanza en mención solo puede otorgarse por el plazo máximo de 12 meses, según la cantidad solicitada, esta puede ser prorrogada hasta por un plazo de 06 meses, esto si es que en el plazo inicialmente concedido no hubiese completado el volumen de extracción solicitado, previo informe de los sucesos que impidieron la extracción.
En cuanto a las sanciones, la infracción grave será sancionada con una multa equivalente a una UIT, inhabilitación del titular para seguir extrayendo materiales por un plazo de un año y denuncia ante el Ministerio Público de ser posible, en el caso de de realizarse la extracción de materiales sin contar con la correspondiente autorización Municipal, serán intervenidos las maquinarias y conducidas al depósito municipal, debiendo cancelar el infractor la cantidad de metros cúbicos extraídos.
Estas entre otras sanciones, por las faltas que cometan se estarán aplicando a los infractores y que durante muchos años estuvieron haciendo de las suyas si ser sometidos a ningún tipo control, muchas veces solamente haciendo tratos y sorprendiendo a las autoridades de Huayabamba, la hora de pagar el precio que la ley establece a llegado para los que a costa del pueblo y evadiendo impuestos se llenaron de dinero, es preciso que ahora empiecen a trabajar cumpliendo con la ley.